Es positivo que el Gobierno adopte una política que buena parte de la sociedad reclamaba. Pero en el decreto aparecen vicios clientelares y recurrencia a fondos inconvenientes.
Por: Aldo Isuani
Fuente: Sociologo, Profesor UBA/UDESA, Investig. CONICET
Clarín.com, martes 3 de noviembre de 2009
Después de una década de intentos de ingresar en la agenda pública, la noción de un ingreso de naturaleza universal para las familias donde hay niños llegó a contar con proyectos legislativos de partidos diversos, con el aval de intelectuales y varias organizaciones de la sociedad civil y recientemente con un aporte propositivo de la Iglesia Católica.
El gobierno de la presidenta Cristina Fernández, como el de su esposo, que se mostraron reacios a la idea todos estos años, la ha hecho suya y firmado un decreto de necesidad y urgencia que la lleva a la práctica.
Esta súbita conversión debería ser celebrada, pero aunque la iniciativa tiene aspectos positivos, está acompañada de vicios profundos. Intentaré ilustrar el punto.
¿Cuál son las ventajas de que se adopte una política que garantice un ingreso en todas las familias con niños?
En primer lugar, generar recursos en el hogar y así reducir la indigencia y pobreza a la que están sujetos millones de compatriotas. En segundo término, borrar las diferencias entre ciudadanos de primera (trabajadores del sector formal) que reciben las asignaciones familiares y ciudadanos de segunda (informales y desocupados) que no la reciben y que están en condiciones de mayor vulnerabilidad que los primeros.
En tercer lugar, quebrar el espinazo de las prácticas clientelares que otorgan cosas pobres a algunos pobres entre los pobres, buscando sujeción y manipulación; la universalización de las asignaciones familiares hace que quienes las reciban no tengan pendientes sobre sus cabezas la espada que los obliga a cambiar apoyo político por continuidad del beneficio. Tal como es la situación hoy con las asignaciones que cobran los trabajadores formales, estos no tienen que agradecer a ningún funcionario o empleador el beneficio que reciben ni tienen temor de que se lo quiten. Simplemente les corresponde por ley.
La primera de las ventajas está contemplada en el decreto gubernamental. Habría por ende un significativo monto de recursos que deberá fluir a los bolsillos de quienes mucho lo necesitan ya que los hoy excluidos de las asignaciones familiares son en su inmensa mayoría los más pobres. Por otra parte, debe remarcarse que el monto de $ 180 mensuales por hijo, casi 50 dólares, está muy por encima de lo que pagan programas similares en América latina.
La segunda ventaja no aparece con claridad en el texto del decreto. Si el nuevo beneficio pertenece, como expresa el artículo 1, a un nuevo "subsistema no contributivo" del régimen de asignaciones familiares, el valor de éstas que hoy sería el mismo para trabajadores formales y nuevos beneficiarios podría diferir en el futuro con simples decisiones administrativas que reintroducirían la diferencia entre ciudadanos de primera y de segunda. Debería fijarse con claridad que el monto de la asignación familiar será siempre igualitaria, es decir, que tendrá el mismo criterio de actualización.
Pero sin duda, el aspecto más problemático refiere a la tercera ventaja, ya que la pretendida universalidad no es tal, sino que posibilita la práctica discrecional y por ende clientelista que el Gobierno suele imprimir a sus políticas sociales. Veamos: el decreto establece en su artículo 2 que "quedan excluidos del beneficio previsto (.) los trabajadores que se desempeñen en la economía informal percibiendo una remuneración superior al salario mínimo, vital y móvil". Suena bien: a los más pobres, ¿pero cómo se determina el ingreso de un trabajador informal? No hay otra forma que colocando un custodio junto a cada trabajador informal para que controle todos los ingresos que éste recibe o quizás colocando un "chip" en el bolsillo de cada papá o mamá que hoy no tiene asignaciones familiares para registrar los movimientos monetarios del bolsillo y enviarlos a una computadora central.
Como obviamente nada de esto es posible de llevar a la práctica, la conclusión es que será el Gobierno el que decida discrecionalmente a quién le da o niega el nuevo beneficio. La eliminación del requisito de dicho artículo 2 es la única garantía de que se erradicará la posibilidad del manejo clientelista.
Un aspecto no menor es el financiamiento: recurrir a la "joya de la abuela" de fondos previsionales es pan para hoy y hambre para mañana. Hemos sostenido en esta misma sección que se ha creado una bomba de tiempo con las decisiones tomadas por el gobierno en material previsional.
La relación entre aportantes al sistema y jubilaciones es de 1 a 1. Ello quiere decir que si el trabajador y su empleador aportan el 20% del salario, lo que puede pagarse al jubilado es precisamente un 20% del que era su salario. Como esto es inaceptable, el Estado tiene que colocar recursos obtenidos de rentas generales, es decir pagados por todos los argentinos. Y como aun así no se cumple con los jubilados, los juicios masivos serán seguramente parte del paisaje futuro.
A esta situación, se le agrega ahora el financiamiento del nuevo beneficio de asignaciones familiares. Cuando se acabe con los fondos que produjo el abolido sistema de capitalización, hoy sujetos a la discrecionalidad gubernamental, vendrán los lamentos, "pero, bueno, esto será problema para algún gobierno (y sociedad) en el futuro" parecen pensar los actuales decisores. La pelea adultos mayores vs. niños por fondos que los beneficien no es precisamente lo que el país más precisa en este momento.
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